La imposición sobre la renta de no residentes en España ( y II)




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Determinación del núcleo principal de las actividades o intereses económicos

A los efectos de la determinación del núcleo principal de los intereses económicos, se deben contabilizar no sólo los bienes y las rentas directamente poseídos por el contribuyente, sino también los poseídos indirectamente, a través de personas o entidades intermedias sometidas a su control.

Por otra parte, los Convenios de Doble Imposición incorporan normas específicas para resolver casos concretos, previéndose en ellos criterios decisorios para precisar conceptos tales como “vivienda permanente”, “centro de intereses vitales”, “lugar donde viva habitualmente”, o nacionalidad. En última instancia, estos convenios remiten al común acuerdo (en muchos casos , “común desacuerdo”) entre las respectivas autoridades fiscales.


La obligación de designar un representante ante la Administración tributaria

Hasta el año 2003, la Ley circunscribía la obligación de designar a un representante ante la Administración tributaria a las personas físicas o entidades extranjeras con presencia en España. Sin embargo, la Ley 46/2002, ha extendido dicha obligación a las entidades a las que se refiere el artículo 32 LIRNR (entidades “en atribución de rentas” extranjeras distintas de las entidades anteriores, como las comunidades de bienes, con “presencia” en España).

Tanto en el supuesto de entidades extranjeras con “presencia” en España, como en el de las entidades con establecimiento permanente, en caso de incumplimiento de la obligación de designación de representante, se atenderá a quienes figuren inscritos como tales en el Registro Mercantil. En el caso de que no hubieren nombrado o inscrito representante, o de que éste fuera distinto de quienes figuren facultados para contratar en su nombre, la Administración tributaria podrá considerar a estos últimos como representantes.

Asimismo, desde 2003 se ordena por vez primera que el deber de designación de representante debe producirse “antes del fin del plazo de declaración de la renta obtenida” en España, estableciendo por otra parte, que el incumplimiento de la obligación de nombrar representante constituirá infracción tributaria simple, sancionable con multa de 600 a 6.000 euros.

Cambios de residencia

En la legislación española no se prevén períodos partidos por cambios de residencia a lo largo del período impositivo. Por ello, el contribuyente no tendrá que presentar declaración de IRPF por el período impositivo en el que se haya trasladado al extranjero y durante el que no ha tenido residencia en territorio español.

No obstante, puede ocurrir que por aplicación de las reglas especiales de imputación temporal previstas en el artículo 14.2 de la Ley de IRPF existan rentas pendientes de imputación.

En estos supuestos, todas las rentas pendientes de imputación deberán integrarse en la base imponible correspondiente al último período impositivo que deba declararse por el IRPF.

Si todavía no ha finalizado el plazo de declaración por el IRPF por el último ejercicio por el que deba tributar, las rentas pendientes de imputar se integrarán en la citada declaración. Si por el contrario, el citado plazo ya ha finalizado, el contribuyente deberá presentar dentro de los 3 meses de la pérdida de su condición por cambio de residencia, una declaración-liquidación complementaria, sin sanción, ni intereses de demora ni recargo alguno.

No obstante, para facilitar el pago de la citada cantidad, el contribuyente podrá solicitar el fraccionamiento de la parte de deuda tributaria correspondiente a estas rentas, calculada aplicando el tipo regulado en el artículo 67.2 de la Ley del Impuesto.

Salvador Trinxet
strinxet@reexporta.com